Denuncia da barbaridade...
O Presidente da Asociación Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz Sánchez, publicou unha carta denuncia ao novo goberno galego suliñando algunhas das maiores barbaridades cometidas contra o medio ambente costeiro, e polo seu interés quero suliñar o que afecta a unha desfeita no corazón da Costa da Morte:
Srs. Pérez Touriño y Quintana González:
La regeneración democrática y el imperio de la Ley como modus operandi político en Galicia no pueden reducirse a nuevos e inútiles manifiestos electorales o de ocasión, como: “O relevo da utopía do desenvolvemento sostible”, asumido por Teresa Táboas en Sargadelos; o la “garantía dada por el actual Conselleiro de Medio Ambiente, Sr. Vázquez de que se va a cumplir la ley, tanto en los espacios naturales como en las rías gallegas”; o incluso, Sr. Pérez Touriño, su promesa de regeneración democrática.
Usted ha prometido revisar los acuerdos de última hora adoptados por el Gobierno saliente destinados a dar cobertura a flagrantes infracciones cometidas por sus correligionarios y a otros, como la modificación de la Ley 9/2002, realizada por exigencia del presidente de Pescanova (Insuíña), el Sr. Fernández Sousa, de políticos corruptos y de promotores sin escrúpulos que, también requieren su atención. Sólo hizo falta incluir un breve párrafo en el Número 2 del artículo 33 de la Ley 9/2002: "engádese unha nova letra l): «Construccións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura»" e incluirlo como un uso autorizable en el articulo 39.2 párrafo 2º, que regula el suelo rústico de especial protección de espacios naturales para que el Sr. Fernández Sousa y el Sr. López Veiga se sintiesen satisfechos. Nadie más ha reaccionado ante semejante dislate, ni ante todo lo demás que integra el texto de la "legalizadora" Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002.
Modificada la Ley, se eliminaban los problemas legales y técnicos que impedían el expolio territorial y obligaban al Gobierno Gallego a utilizar planes sectoriales supramunicipales —en claro fraude de ley— a diestro y siniestro, como ocurrió en Camariñas para poder autorizarle a Stolt Sea Farm, S.A. la construcción de la mayor planta de acuicultura del mundo. Así, Stolt Sea Farm, S.A. ha podido destruir “legalmente” uno de los entornos naturales protegidos más importantes del mundo: el Cabo Vilán, en Camariñas, lugar de Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000, donde se ha excavado la ribera del mar para soterrar y elevar sobre la rasante del terreno varias plantas de hormigón armado, devastando cualquier vestigio de la fauna y la flora de un lugar mítico y milenario recuperado de la catástrofe del Prestige.
Pero esto era sólo la punta del iceberg, un experimento para detectar los problemas legales y técnicos que se presentarían en lo sucesivo (El Plan). Así, previa legislación ad hoc, el Consello de la Xunta de Galicia, el 30 de junio de 2005, culmina el mayor pelotazo de la historia de Galicia y de España: el «Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega». En realidad, la autorización supramunicipal de veintiuna macro plantas de acuicultura a la carta, ubicadas en lugares vírgenes elegidos a gusto del consumidor. Nada tiene que ver con un Plan Sectorial amparado en la Ley 10/1995, de Ordenación del Territorio. Se trata de establecimientos independientes y de empresas independientes y de los intereses del conselleiro, incluso para dar cobertura a otras instalaciones como la de Aquacría Arousa, actualmente en fase de investigación penal por la Fiscalía, construida en una parcela de 30.000 m² y que ahora se amplía a 60.000 en el Complejo intermareal Ons – O Grove, incluido en la Red Natura 2000. Esa es la realidad del mal llamado Plan Sectorial. Tres millones de metros cuadrados destinados a instalaciones prohibidas, infraestructuras y vertidos al mar aparte. Lo único que cuenta es el reparto del botín de los fondos europeos (primero para crear Espacios de Interés por sus Valores Naturales y después para destruirlos sin ninguna consideración). Como guinda se incluye la ampliación de 325.000 m² más en Cabo Vilán (para su destrucción definitiva y completa); el mismo destino para Cabo Touriñán y Merexo en Muxía, pero más a lo bestia, de lado a lado de la península, con dos plantas de 400.000 m² y 200.000 m² respectivamente; otra en Carnota, en Corcubión, Oia, Cangas, Cambados, O Grove, Ferrol, Valdoviño, Xove (3), Ribadeo (Praia das Catredais) etc., así hasta veintiuna plantas que van a degradar de forma irreversible más de cuatro millones de metros cuadrados del litoral gallego especialmente protegido.
Pensamos, y así nos lo han vendido, que la mayor catástrofe ecológica de Galicia se había provocado con el hundimiento del Prestige, pero las setenta mil toneladas de fuel vertido son biodegradables y por lo tanto las zonas afectadas se pueden recuperar. No ocurre lo mismo con las excavaciones y los vertidos de hormigón armado. Lo del Prestige será una triste anécdota ante la brutal agresión y el desastre ecológico y patrimonial que supone la excavación de millones de metros cúbicos y el posterior e irreversible vertido de otros tantos millones de metros cúbicos de hormigón armado —no biodegradable— en la ribera del mar y en las servidumbres de protección. La destrucción de los acantilados y sistemas rocosos en los sitios sagrados; la devastación de las marismas, de los ecosistemas marinos, de la fauna y la flora propias de esos lugares, de las aves migratorias, del paisaje litoral y del patrimonio cultural y étnico; la ocupación y urbanización de los Humedales protegidos y la destrucción sistemática de prácticamente todos los Lugares de Interés Comunitario (LIC) incluidos dentro de la Red Natura 2000, ZEPA y RAMSAR nos sitúan, sin lugar a dudas, ante la mayor catástrofe ecológica de la historia de Galicia y, lo más sangrante, ante la mayor corrupción jamás vivida en este país. Y sólo parece importarnos a nosotros, un pequeño grupo ecologista surgido para recuperar las marismas de Lourizán y devolverlas a su primitivo estado, grupo no convocado a la reunión con "los ecologistas" cebrada el 8 de agosto con el actual Conselleiro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sr. Vázquez, y ello a pesar de que somos los únicos que hemos presentado alegaciones y contenciosos a los acuerdos referidos anteriormente y a otros de no menor importancia que ya están recurridos ante los Tribunales de Justicia.
Y por último, quiero y debo referirme a algo no menos vergonzoso por cuanto menoscaba la pizca de dignidad que pudiese restarnos como ciudadanos y como pueblo soberano, ya que, tras legislar a la medida de las exigencias del Sr. Fernández Sousa y de otras relevantes personalidades del Gobierno y del Partido Popular (PP), todos implicados en expedientes sancionadores por presuntas infracciones contra la Ley de Costas, el Gobierno de la Xunta de Galicia aprueba el Decreto 158/2005, de 2 de junio, que anula al anterior 199/2004, destinado a proteger a los infractores cuyos expedientes están en fase de instrucción, a los que, curiosamente, se les llama en los acuerdos de la Xunta "administrados" y por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Dicho texto se dedica íntegramente a intentar anular la Ley de Costas y su Reglamento en materia sancionadora y de restitución de la legalidad, y a la legalización masiva de infracciones existentes en los núcleos costeros de Marín. Esta pretensión fue radicalmente zanjada por la Dirección General de Costas en aplicación de la Ley 22/1988, de Costas. Y ante la imposibilidad de recalificar los núcleos y modificar el deslinde, el conselleiro y su delegada provincial , ambos en funciones, el 28 de julio y 1 de agosto de 2005 revocan las resoluciones sancionadoras y archivan "sen máis trámites" ocho expedientes de restitución de la legalidad correspondientes a otros tantos "administrados" de los cientos de infractores que existen en los referidos núcleos de Marín y, el 2 de agosto, la Delegada Sra. Rueda Crespo aprueba la Restauración de una Telleira de más de cinco mil metros cuadrados de superficie en Vilalonga, Sanxenxo, a pesar de nuestras alegaciones y recursos que demuestran la irregularidad de un proyecto destinado exclusivamente a captar fondos europeos, sin importarle en absoluto que se trate de una instalación demolida previamente, ubicada en el Complejo Intermareal Ons – O Grove, LIC, ZEPA y RAMSAR, incluido en la Red Natura 2000 y en plena servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana: Ustedes deben saber que este pequeño grupúsculo de ciudadanos independientes de Pontevedra que tengo el honor de representar está posicionado frente a los abusos de los gobernantes de turno y que ejerce y ejercerá la acción pública hasta que sea restituida la legalidad urbanística y de costas allí donde la arbitrariedad o la connivencia de dichos poderes públicos lo exija, siempre actuando en defensa del interés general y de los Derechos Humanos, según establece la Constitución y según rezan nuestros Estatutos sociales. Por eso no somos convocados y porque exigimos públicamente coherencia política y la revisión y rectificación si procede de todos los acuerdos adoptados in extremis por el anterior ejecutivo, expuestos o no a lo largo de este escrito. Pero antes de revisar los actos ajenos considero imprescindible que Ustedes revisen los propios actos, de lo contrario la regeneración democrática sería imposible.
En un Estado de derecho no se puede premiar con un puesto de máxima responsabilidad a una infractora y menos para convertirla en juez y parte. Dña. Carmen Gallego Calvar es en la actualidad la máxima responsable de la ejecución de la orden de demolición de su propia casa. Ustedes, señores Presidente y Vicepresidente de la Xunta de Galicia, deben revisar el desafortunado nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos porque tal nombramiento pone de manifiesto que nada ha cambiado tras las elecciones del 19 de junio de 2005. O lo que es peor, demuestra que volvemos a la época más negra de la historia de Galicia y de España. Dña. Carmen Gallego Calvar está incursa en un expediente cuya resolución exige la demolición de su casa, construida conculcando la Ley de Costas, cuya custodia depende de la Consellería de Pesca, área donde ha ejercido su condición de parlamentaria como representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la anterior legislatura cautiva del Conselleiro Sr. López Veiga quien, en vez de ordenar la demolición del edificio, congeló el expediente y compró el silencio de la diputada corrupta. Además la actual conselleira debe ser consciente de que se le ha dejado prescribir la sanción económica y la multa coercitiva por afinidades políticas, según se desprende de la denuncia del Servicio Provincial de Costas de 24 de febrero de 1994 y en la posterior Resolución de 8 de junio de 2000 ordenando la restitución de los terrenos a su primitivo estado. Y al aceptar el cargo la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos demuestra no tener el más mínimo sentido de la responsabilidad y de la ética política. Así lo ha demostrado poco antes de su nombramiento, al manifestar públicamente, al menos en dos ocasiones, que espera que el próximo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa resuelva la infracción de su casa. Semejante manifestación de intenciones prevaricadoras no deja lugar a dudas de la catadura ética y política de la señora Conselleira y, en todo caso, del sentido de la responsabilidad de quien la ha nombrado. La respuesta la tienen Uds. Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González. Nosotros, no obstante, acudiremos a los Tribunales de Justicia dentro de los plazos legales en todos y cada uno de los procedimientos referidos. Pero no estaría mal que nos evitasen diez o doce procedimientos judiciales. Nos sentiríamos reconfortados como ciudadanos y Galicia saldría ganando.
Por todo lo expuesto, Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González, antes de revisar los actos de última hora del anterior Gobierno, tendrán que tener un rasgo de coherencia política para demostrar que la regeneración democrática no es un mero eslogan o un brindis al sol. Y deberán rectificar el nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos Dña. Carmen Gallego Calvar, antes de que sea demasiado tarde, antes de que resuelva su propio expediente de restitución de la legalidad al estilo del Sr. López Veiga y de la Sra. Rueda Crespo que pusieron colofón a la corrupción del anterior mandato, dejando a la Xunta de Galicia a la altura del betún, y nunca mejor dicho.
Fado. Francisco Díaz Sánchez
Presidente de la Asociación Salvemos Pontevedra
Srs. Pérez Touriño y Quintana González:
La regeneración democrática y el imperio de la Ley como modus operandi político en Galicia no pueden reducirse a nuevos e inútiles manifiestos electorales o de ocasión, como: “O relevo da utopía do desenvolvemento sostible”, asumido por Teresa Táboas en Sargadelos; o la “garantía dada por el actual Conselleiro de Medio Ambiente, Sr. Vázquez de que se va a cumplir la ley, tanto en los espacios naturales como en las rías gallegas”; o incluso, Sr. Pérez Touriño, su promesa de regeneración democrática.
Usted ha prometido revisar los acuerdos de última hora adoptados por el Gobierno saliente destinados a dar cobertura a flagrantes infracciones cometidas por sus correligionarios y a otros, como la modificación de la Ley 9/2002, realizada por exigencia del presidente de Pescanova (Insuíña), el Sr. Fernández Sousa, de políticos corruptos y de promotores sin escrúpulos que, también requieren su atención. Sólo hizo falta incluir un breve párrafo en el Número 2 del artículo 33 de la Ley 9/2002: "engádese unha nova letra l): «Construccións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura»" e incluirlo como un uso autorizable en el articulo 39.2 párrafo 2º, que regula el suelo rústico de especial protección de espacios naturales para que el Sr. Fernández Sousa y el Sr. López Veiga se sintiesen satisfechos. Nadie más ha reaccionado ante semejante dislate, ni ante todo lo demás que integra el texto de la "legalizadora" Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002.
Modificada la Ley, se eliminaban los problemas legales y técnicos que impedían el expolio territorial y obligaban al Gobierno Gallego a utilizar planes sectoriales supramunicipales —en claro fraude de ley— a diestro y siniestro, como ocurrió en Camariñas para poder autorizarle a Stolt Sea Farm, S.A. la construcción de la mayor planta de acuicultura del mundo. Así, Stolt Sea Farm, S.A. ha podido destruir “legalmente” uno de los entornos naturales protegidos más importantes del mundo: el Cabo Vilán, en Camariñas, lugar de Interés Comunitario incluido en la Red Natura 2000, donde se ha excavado la ribera del mar para soterrar y elevar sobre la rasante del terreno varias plantas de hormigón armado, devastando cualquier vestigio de la fauna y la flora de un lugar mítico y milenario recuperado de la catástrofe del Prestige.
Pero esto era sólo la punta del iceberg, un experimento para detectar los problemas legales y técnicos que se presentarían en lo sucesivo (El Plan). Así, previa legislación ad hoc, el Consello de la Xunta de Galicia, el 30 de junio de 2005, culmina el mayor pelotazo de la historia de Galicia y de España: el «Plan Sectorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega». En realidad, la autorización supramunicipal de veintiuna macro plantas de acuicultura a la carta, ubicadas en lugares vírgenes elegidos a gusto del consumidor. Nada tiene que ver con un Plan Sectorial amparado en la Ley 10/1995, de Ordenación del Territorio. Se trata de establecimientos independientes y de empresas independientes y de los intereses del conselleiro, incluso para dar cobertura a otras instalaciones como la de Aquacría Arousa, actualmente en fase de investigación penal por la Fiscalía, construida en una parcela de 30.000 m² y que ahora se amplía a 60.000 en el Complejo intermareal Ons – O Grove, incluido en la Red Natura 2000. Esa es la realidad del mal llamado Plan Sectorial. Tres millones de metros cuadrados destinados a instalaciones prohibidas, infraestructuras y vertidos al mar aparte. Lo único que cuenta es el reparto del botín de los fondos europeos (primero para crear Espacios de Interés por sus Valores Naturales y después para destruirlos sin ninguna consideración). Como guinda se incluye la ampliación de 325.000 m² más en Cabo Vilán (para su destrucción definitiva y completa); el mismo destino para Cabo Touriñán y Merexo en Muxía, pero más a lo bestia, de lado a lado de la península, con dos plantas de 400.000 m² y 200.000 m² respectivamente; otra en Carnota, en Corcubión, Oia, Cangas, Cambados, O Grove, Ferrol, Valdoviño, Xove (3), Ribadeo (Praia das Catredais) etc., así hasta veintiuna plantas que van a degradar de forma irreversible más de cuatro millones de metros cuadrados del litoral gallego especialmente protegido.
Pensamos, y así nos lo han vendido, que la mayor catástrofe ecológica de Galicia se había provocado con el hundimiento del Prestige, pero las setenta mil toneladas de fuel vertido son biodegradables y por lo tanto las zonas afectadas se pueden recuperar. No ocurre lo mismo con las excavaciones y los vertidos de hormigón armado. Lo del Prestige será una triste anécdota ante la brutal agresión y el desastre ecológico y patrimonial que supone la excavación de millones de metros cúbicos y el posterior e irreversible vertido de otros tantos millones de metros cúbicos de hormigón armado —no biodegradable— en la ribera del mar y en las servidumbres de protección. La destrucción de los acantilados y sistemas rocosos en los sitios sagrados; la devastación de las marismas, de los ecosistemas marinos, de la fauna y la flora propias de esos lugares, de las aves migratorias, del paisaje litoral y del patrimonio cultural y étnico; la ocupación y urbanización de los Humedales protegidos y la destrucción sistemática de prácticamente todos los Lugares de Interés Comunitario (LIC) incluidos dentro de la Red Natura 2000, ZEPA y RAMSAR nos sitúan, sin lugar a dudas, ante la mayor catástrofe ecológica de la historia de Galicia y, lo más sangrante, ante la mayor corrupción jamás vivida en este país. Y sólo parece importarnos a nosotros, un pequeño grupo ecologista surgido para recuperar las marismas de Lourizán y devolverlas a su primitivo estado, grupo no convocado a la reunión con "los ecologistas" cebrada el 8 de agosto con el actual Conselleiro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Sr. Vázquez, y ello a pesar de que somos los únicos que hemos presentado alegaciones y contenciosos a los acuerdos referidos anteriormente y a otros de no menor importancia que ya están recurridos ante los Tribunales de Justicia.
Y por último, quiero y debo referirme a algo no menos vergonzoso por cuanto menoscaba la pizca de dignidad que pudiese restarnos como ciudadanos y como pueblo soberano, ya que, tras legislar a la medida de las exigencias del Sr. Fernández Sousa y de otras relevantes personalidades del Gobierno y del Partido Popular (PP), todos implicados en expedientes sancionadores por presuntas infracciones contra la Ley de Costas, el Gobierno de la Xunta de Galicia aprueba el Decreto 158/2005, de 2 de junio, que anula al anterior 199/2004, destinado a proteger a los infractores cuyos expedientes están en fase de instrucción, a los que, curiosamente, se les llama en los acuerdos de la Xunta "administrados" y por el que se regulan las competencias autonómicas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Dicho texto se dedica íntegramente a intentar anular la Ley de Costas y su Reglamento en materia sancionadora y de restitución de la legalidad, y a la legalización masiva de infracciones existentes en los núcleos costeros de Marín. Esta pretensión fue radicalmente zanjada por la Dirección General de Costas en aplicación de la Ley 22/1988, de Costas. Y ante la imposibilidad de recalificar los núcleos y modificar el deslinde, el conselleiro y su delegada provincial , ambos en funciones, el 28 de julio y 1 de agosto de 2005 revocan las resoluciones sancionadoras y archivan "sen máis trámites" ocho expedientes de restitución de la legalidad correspondientes a otros tantos "administrados" de los cientos de infractores que existen en los referidos núcleos de Marín y, el 2 de agosto, la Delegada Sra. Rueda Crespo aprueba la Restauración de una Telleira de más de cinco mil metros cuadrados de superficie en Vilalonga, Sanxenxo, a pesar de nuestras alegaciones y recursos que demuestran la irregularidad de un proyecto destinado exclusivamente a captar fondos europeos, sin importarle en absoluto que se trate de una instalación demolida previamente, ubicada en el Complejo Intermareal Ons – O Grove, LIC, ZEPA y RAMSAR, incluido en la Red Natura 2000 y en plena servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana: Ustedes deben saber que este pequeño grupúsculo de ciudadanos independientes de Pontevedra que tengo el honor de representar está posicionado frente a los abusos de los gobernantes de turno y que ejerce y ejercerá la acción pública hasta que sea restituida la legalidad urbanística y de costas allí donde la arbitrariedad o la connivencia de dichos poderes públicos lo exija, siempre actuando en defensa del interés general y de los Derechos Humanos, según establece la Constitución y según rezan nuestros Estatutos sociales. Por eso no somos convocados y porque exigimos públicamente coherencia política y la revisión y rectificación si procede de todos los acuerdos adoptados in extremis por el anterior ejecutivo, expuestos o no a lo largo de este escrito. Pero antes de revisar los actos ajenos considero imprescindible que Ustedes revisen los propios actos, de lo contrario la regeneración democrática sería imposible.
En un Estado de derecho no se puede premiar con un puesto de máxima responsabilidad a una infractora y menos para convertirla en juez y parte. Dña. Carmen Gallego Calvar es en la actualidad la máxima responsable de la ejecución de la orden de demolición de su propia casa. Ustedes, señores Presidente y Vicepresidente de la Xunta de Galicia, deben revisar el desafortunado nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos porque tal nombramiento pone de manifiesto que nada ha cambiado tras las elecciones del 19 de junio de 2005. O lo que es peor, demuestra que volvemos a la época más negra de la historia de Galicia y de España. Dña. Carmen Gallego Calvar está incursa en un expediente cuya resolución exige la demolición de su casa, construida conculcando la Ley de Costas, cuya custodia depende de la Consellería de Pesca, área donde ha ejercido su condición de parlamentaria como representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la anterior legislatura cautiva del Conselleiro Sr. López Veiga quien, en vez de ordenar la demolición del edificio, congeló el expediente y compró el silencio de la diputada corrupta. Además la actual conselleira debe ser consciente de que se le ha dejado prescribir la sanción económica y la multa coercitiva por afinidades políticas, según se desprende de la denuncia del Servicio Provincial de Costas de 24 de febrero de 1994 y en la posterior Resolución de 8 de junio de 2000 ordenando la restitución de los terrenos a su primitivo estado. Y al aceptar el cargo la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos demuestra no tener el más mínimo sentido de la responsabilidad y de la ética política. Así lo ha demostrado poco antes de su nombramiento, al manifestar públicamente, al menos en dos ocasiones, que espera que el próximo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa resuelva la infracción de su casa. Semejante manifestación de intenciones prevaricadoras no deja lugar a dudas de la catadura ética y política de la señora Conselleira y, en todo caso, del sentido de la responsabilidad de quien la ha nombrado. La respuesta la tienen Uds. Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González. Nosotros, no obstante, acudiremos a los Tribunales de Justicia dentro de los plazos legales en todos y cada uno de los procedimientos referidos. Pero no estaría mal que nos evitasen diez o doce procedimientos judiciales. Nos sentiríamos reconfortados como ciudadanos y Galicia saldría ganando.
Por todo lo expuesto, Sr. Pérez Touriño y Sr. Quintana González, antes de revisar los actos de última hora del anterior Gobierno, tendrán que tener un rasgo de coherencia política para demostrar que la regeneración democrática no es un mero eslogan o un brindis al sol. Y deberán rectificar el nombramiento de la Conselleira de Pesca y Asuntos Marítimos Dña. Carmen Gallego Calvar, antes de que sea demasiado tarde, antes de que resuelva su propio expediente de restitución de la legalidad al estilo del Sr. López Veiga y de la Sra. Rueda Crespo que pusieron colofón a la corrupción del anterior mandato, dejando a la Xunta de Galicia a la altura del betún, y nunca mejor dicho.
Fado. Francisco Díaz Sánchez
Presidente de la Asociación Salvemos Pontevedra
posted by Costadamorte at 8:08 da manhã
4 Comments:
Por que el de Pescanova no hace la piscifactoria en su casa, en la qeu hubo que hacer una importante modificacion al trazado de un gaseoducto porque no le salio de los cojones que pasara por allí?.
Por qué no dice cuanto dinero ingresa de Pesca por el uso de los helicopteros y por subvenciones de renovacion de flota, y de Medio ambiente, cuanto saca tb?
Don Manuel Fernandez Sousa, ama y entiende a Portugal
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el señor belloso ama y entiende a portugal
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